Un juez federal sentenció este jueves a Ronald Corrales-Arrieta, ciudadano costarricense de 48 años y propietario de un taller de reparación de automóviles en Hickory, Carolina del Norte, a 20 años de prisión por su participación en una operación de tráfico de drogas.
Además de la condena, el tribunal ordenó que Corrales-Arrieta cumpla cinco años de libertad supervisada una vez termine su pena de prisión.
Un taller de autos utilizado para traficar drogas
De acuerdo con documentos judiciales y la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Corrales-Arrieta utilizaba su taller de reparación de vehículos como punto para distribuir fentanilo y metanfetamina.
La investigación comenzó el 15 de abril de 2023, cuando agentes del Departamento de Policía de Hickory encontraron muerto dentro del establecimiento a un hombre que había sido reportado como desaparecido.
Durante la inspección del lugar, las autoridades encontraron cientos de gramos de fentanilo cerca del cuerpo, un hallazgo que llevó a los investigadores a profundizar en las actividades que se desarrollaban en el negocio.
Posteriormente, las autoridades utilizaron a un informante confidencial para realizar varias compras controladas de sustancias ilícitas. Según la Fiscalía, Corrales-Arrieta participó directamente en algunas de las ventas y habría utilizado a ciudadanos mexicanos que se encontraban sin estatus migratorio legal en Estados Unidos para facilitar otras transacciones.
Las autoridades también determinaron que algunas operaciones de narcotráfico fueron coordinadas por el acusado mientras se encontraba en Costa Rica.
Investigación terminó con el hallazgo de armas
Corrales-Arrieta fue arrestado el 18 de octubre de 2024. Luego, los investigadores realizaron un registro en su negocio, donde localizaron dos armas de fuego: un rifle Bushmaster AR-15 y una pistola Taurus de 9 milímetros.
El acusado permanece bajo custodia federal y deberá cumplir la sentencia impuesta por el tribunal antes de pasar al período de libertad supervisada.
El fiscal federal Russ Ferguson destacó la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina del Sheriff del Condado de Catawba durante la investigación.
El proceso fue llevado por la Fiscalía Federal en Charlotte con el apoyo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por distintas agencias federales y autoridades policiales de la región.
Entre las instituciones participantes se encuentran HSI, FBI, DEA, ATF, IRS-CI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, CBP, ICE y agencias policiales de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
La sentencia representa el cierre de una investigación que permitió desarticular una operación que, según las autoridades federales, utilizaba un negocio aparentemente dedicado a la reparación de vehículos como fachada para actividades relacionadas con el tráfico de drogas.